La inteligencia artificial está transformando numerosos procesos administrativos y también comienza a ocupar un lugar en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública. En Estados Unidos, distintos departamentos policiales exploran herramientas capaces de transcribir conversaciones, organizar información y elaborar borradores de documentos oficiales. En este contexto, el Departamento de Policía de San Diego, California, estudia la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para asistir a sus agentes en la redacción de informes policiales. La iniciativa plantea oportunidades de eficiencia, pero también interrogantes sobre la precisión, la privacidad y las garantías judiciales.
Según la información publicada por Infobae el 14 de octubre de 2026, el proyecto contempla un posible contrato de entre 500.000 y tres millones de dólares. Esta cifra corresponde a una estimación vinculada con la iniciativa y no demuestra que el departamento haya adjudicado un contrato por ese importe. La propuesta se encuentra en una fase exploratoria, por lo que todavía deben distinguirse las intenciones institucionales de las decisiones definitivas. Su análisis permite examinar cómo las autoridades pueden aprovechar la tecnología sin dar por demostrados beneficios que requieren evaluaciones específicas.
San Diego estudia una nueva herramienta tecnológica
El 31 de julio de 2026, el Departamento de Policía de San Diego emitió una solicitud de información para conocer las soluciones disponibles que utilizan inteligencia artificial en la elaboración de informes policiales. El objetivo es estudiar herramientas que permitan mejorar la eficiencia de la redacción y reducir el tiempo que los agentes dedican a tareas administrativas. Según la cobertura periodística, el presupuesto estimado de la iniciativa se sitúa entre 500.000 y tres millones de dólares. Sin embargo, una solicitud de información no equivale a una adjudicación contractual ni confirma que se haya seleccionado un proveedor.
Ashley Nicholes, portavoz del departamento, explicó que la institución estaba explorando las opciones tecnológicas existentes y las prácticas recomendadas para utilizarlas. También señaló que, si el proyecto avanzaba, se consultarían representantes electos y miembros de la comunidad. Estas declaraciones indican que la iniciativa todavía requiere evaluación institucional. Por tanto, no sería correcto afirmar que todos los agentes de San Diego ya utilizan inteligencia artificial para redactar sus informes o que la compra está definitivamente aprobada.
El departamento considera que la tecnología podría ayudar a reducir la carga administrativa y permitir que los agentes dediquen más tiempo a responder llamadas de servicio. Los funcionarios deben documentar intervenciones, registrar declaraciones y describir circunstancias relevantes de los incidentes. Estas tareas son fundamentales para mantener registros oficiales y facilitar investigaciones posteriores. No obstante, el beneficio de automatizarlas dependerá de la precisión de los resultados y del tiempo necesario para revisarlos.
¿Cómo funciona la inteligencia artificial aplicada a los informes?
Los sistemas de inteligencia artificial destinados a redactar informes policiales pueden combinar reconocimiento de voz, transcripción automática y modelos generativos de lenguaje. En términos generales, procesan información procedente de grabaciones, transcripciones o notas del agente y producen un borrador organizado. El funcionario puede revisar el contenido, corregir errores y completar los datos necesarios antes de presentar el documento oficial. El propósito es automatizar determinadas tareas de escritura, no eliminar la responsabilidad profesional de quien firma el informe.
Una herramienta conocida en este ámbito es Draft One, desarrollada por Axon, empresa que comercializa cámaras corporales y otras tecnologías para organismos de seguridad pública. El sistema utiliza audio de cámaras corporales para ayudar a generar borradores narrativos. Su existencia demuestra que hay productos comerciales diseñados para apoyar esta actividad, pero no confirma que San Diego haya elegido esa solución. La herramienta que finalmente pudiera adoptar el departamento tendría que evaluarse según sus características, sus condiciones contractuales y los resultados obtenidos en pruebas pertinentes.
Es importante diferenciar una transcripción de un informe policial. La primera intenta reproducir las palabras captadas por una grabación, mientras que el segundo organiza los acontecimientos y describe la información considerada relevante. La inteligencia artificial generativa puede producir una narración coherente, pero la fluidez del texto no garantiza que cada afirmación sea correcta. Si una grabación contiene ruido, voces superpuestas o expresiones ambiguas, el sistema puede interpretar incorrectamente una frase y trasladar ese error al documento. Por ello, la calidad del informe depende de las fuentes originales, del procesamiento tecnológico y de la revisión humana.
El posible ahorro de tiempo
La reducción de las tareas administrativas es uno de los principales argumentos a favor de la inteligencia artificial en la policía. Los agentes deben completar documentación después de intervenir en incidentes de distinta complejidad, lo que puede limitar el tiempo disponible para otras funciones. Si un sistema automatiza tareas repetitivas sin perjudicar la calidad de los registros, podría mejorar la organización del trabajo. También podría ayudar a estandarizar el formato de determinados documentos.
Chula Vista, una ciudad cercana a San Diego, constituye un punto de comparación porque su departamento policial ya utiliza herramientas de inteligencia artificial en determinadas actividades. La jefa del departamento, Roxana Kennedy, ha señalado que los agentes pueden dedicar entre tres y cinco horas por turno a tareas relacionadas con los informes, según declaraciones recogidas por medios de comunicación. Esa cifra debe entenderse como una estimación atribuida a la responsable, no como un promedio aplicable a todas las agencias. La carga documental varía según el tipo de incidente, los procedimientos internos y las exigencias administrativas.
El ahorro efectivo debe medirse teniendo en cuenta el proceso completo. Si el sistema genera un borrador rápidamente, pero el agente necesita mucho tiempo para comprobar las afirmaciones y corregir errores, el beneficio neto podría ser limitado. Por ello, una evaluación rigurosa debe contabilizar tanto el tiempo de generación como el dedicado a revisar, modificar y aprobar cada documento. Solo una comparación con los métodos tradicionales permitirá determinar si la inteligencia artificial mejora realmente la productividad.
¿Qué indican las investigaciones sobre precisión?
La precisión constituye una de las principales preocupaciones relacionadas con la automatización de informes policiales. Ian Adams, exagente policial e investigador en criminología, ha estudiado el uso de estas herramientas en el trabajo de los funcionarios. Un estudio publicado en el Journal of Experimental Criminology examinó el sistema Draft One mediante un ensayo controlado con 85 agentes y 755 informes. Según los resultados descritos en la cobertura de la investigación, no se encontró una reducción estadísticamente significativa del tiempo de redacción atribuible al sistema.
Este resultado cuestiona la idea de que automatizar la escritura produzca necesariamente un ahorro inmediato. Adams también ha señalado problemas de precisión en evaluaciones de informes elaborados con ayuda de inteligencia artificial. Estas observaciones merecen atención porque los documentos pueden ser examinados por fiscales, abogados defensores y jueces. Sin embargo, los resultados de una herramienta concreta no demuestran que todos los sistemas disponibles funcionen de la misma manera.
La tecnología cambia y las nuevas versiones pueden incorporar mejoras en el procesamiento de audio y la generación de texto. Por esa razón, las evaluaciones deben corresponder al producto que se pretende utilizar y a las condiciones reales de trabajo. Los departamentos no deberían asumir que una herramienta es eficaz únicamente porque el proveedor promete ahorrar tiempo. La inteligencia artificial debe someterse a pruebas verificables que permitan medir su precisión y sus costes operativos.
Errores y consecuencias para la justicia
Un informe policial puede contribuir a reconstruir un incidente, orientar una investigación o facilitar decisiones posteriores de las autoridades. Aunque no determina por sí solo la culpabilidad de una persona, su contenido puede influir en la interpretación de los acontecimientos. Un error en la descripción de una conversación o una acción puede adquirir importancia cuando el documento se utiliza durante un procedimiento judicial. Por ello, la incorporación de inteligencia artificial exige verificar que el informe refleje las evidencias disponibles.
Entre los riesgos posibles se encuentran las transcripciones incorrectas, las declaraciones atribuidas a la persona equivocada y la omisión de detalles relevantes. También puede producirse una alteración narrativa cuando el sistema presenta como cierta una conexión entre acontecimientos que la grabación no demuestra. Estos riesgos no significan que todos los documentos generados automáticamente contengan errores. Indican que una redacción convincente no constituye una garantía de veracidad.
Andrew Ferguson, profesor de derecho de la Universidad George Washington especializado en vigilancia policial, ha advertido sobre el peligro de que las modificaciones algorítmicas afecten la reconstrucción de los hechos en procesos penales. Su preocupación se relaciona con la posibilidad de que determinadas expresiones cambien sutilmente el significado de una acción o una declaración. No obstante, los informes elaborados manualmente también pueden contener errores o interpretaciones subjetivas. El desafío consiste en identificar los riesgos específicos de la automatización y establecer controles que permitan detectarlos y corregirlos.
Supervisión humana y responsabilidad profesional
La revisión humana es una salvaguarda esencial cuando la inteligencia artificial interviene en la elaboración de documentos oficiales. El agente debe comprobar que los hechos descritos correspondan a las fuentes disponibles y que no se hayan incorporado detalles sin respaldo. La responsabilidad no puede trasladarse completamente al proveedor tecnológico ni desaparecer porque una herramienta haya generado el texto. La aprobación del informe debe representar una revisión efectiva del contenido.
La Comisión de Estándares y Capacitación para Oficiales de Paz de California, conocida como POST, ha publicado orientaciones modelo relacionadas con el uso de inteligencia artificial en documentos administrativos. Estas orientaciones contemplan la revisión y aprobación humana de los resultados. Es importante distinguir entre las recomendaciones o políticas modelo y las obligaciones establecidas por ley. Cada departamento debe asegurarse de que sus procedimientos internos cumplan las disposiciones legales aplicables.
La supervisión también requiere formación. Los agentes necesitan conocer las limitaciones del sistema, reconocer errores frecuentes y saber cuándo deben contrastar el texto con la grabación original. Si la revisión se convierte en una formalidad, existe el riesgo de aprobar documentos incorrectos por confiar excesivamente en una narración bien redactada. Por ello, los procedimientos deberían definir qué aspectos deben comprobarse, cómo se registran las correcciones y quién autoriza la versión final. La inteligencia artificial debe funcionar como una herramienta de apoyo, no como una fuente automática de verdad.
Privacidad y confianza ciudadana
Las grabaciones policiales pueden contener información sensible de víctimas, testigos, personas investigadas y ciudadanos que no están implicados en un delito. También pueden revelar voces, imágenes, domicilios y detalles de emergencias o situaciones familiares. Cuando una herramienta de inteligencia artificial procesa estos materiales, es necesario conocer dónde se almacenan, quién puede consultarlos y cuánto tiempo se conservan. Los contratos deben definir las condiciones de acceso, las medidas de seguridad y los procedimientos para responder a posibles incidentes.
Khalid Alexander, profesor del San Diego City College y fundador de la organización comunitaria Pillars of the Community, ha expresado su oposición a la propuesta. Sus críticas incluyen preocupaciones sobre la deshumanización de la labor policial, la seguridad de los datos y la confianza excesiva en sistemas automatizados. Estas declaraciones representan una postura crítica dentro del debate, pero no demuestran que la herramienta que San Diego pudiera contratar vaya necesariamente a producir esos resultados. Sí muestran la importancia de escuchar a la comunidad antes de introducir cambios en la documentación policial.
La confianza pública también depende de que las instituciones expliquen cuándo utilizan inteligencia artificial y cómo revisan los documentos generados. Si una grabación contradice un informe, debe ser posible identificar el origen del error y determinar qué correcciones se realizaron. La conservación de borradores y los registros de auditoría pueden facilitar ese análisis. Sin embargo, la existencia de registros no garantiza que todos los problemas se detecten. Es necesario combinar transparencia, controles de acceso y procedimientos efectivos de revisión.
Las experiencias de Los Ángeles y Chula Vista
San Diego no es la única ciudad que incorpora o estudia herramientas automatizadas para apoyar el trabajo policial. El Departamento de Policía de Los Ángeles ha incluido tecnologías de Axon en acuerdos contractuales cuyo valor total ha sido descrito por la prensa como aproximadamente 235 millones de dólares. Ese acuerdo abarca distintos productos y servicios, incluidas funciones relacionadas con la elaboración de resúmenes a partir del audio de cámaras corporales. Por tanto, no debe interpretarse como si todo el importe correspondiera exclusivamente a un programa de redacción automática.
En Los Ángeles también se han planteado preguntas sobre los posibles sesgos de la inteligencia artificial. Dean Gialamas, director de tecnología del departamento, indicó que los sistemas utilizados eran de carácter no agéntico, es decir, no estaban diseñados para tomar decisiones o ejecutar tareas de forma autónoma. Los agentes debían revisar los documentos antes de enviarlos. Esta distinción permite diferenciar un programa que genera borradores de otro que actúa por su cuenta, aunque la supervisión humana no elimina todos los errores posibles.
Las experiencias de otras ciudades pueden ayudar a San Diego a identificar problemas prácticos y criterios de evaluación. Sin embargo, los resultados no pueden trasladarse automáticamente de una jurisdicción a otra, porque cambian los procedimientos, el volumen de trabajo y las condiciones de operación. El departamento necesita comprobar si una herramienta concreta satisface sus necesidades y cumple las normas aplicables. La experiencia externa puede orientar la decisión, pero no sustituye las pruebas locales.
¿Cómo evaluar la implementación?
Antes de contratar un sistema, San Diego debería definir indicadores que permitan comparar los resultados con los métodos convencionales. Entre ellos pueden incluirse el tiempo total empleado en cada informe, el número de correcciones y la frecuencia de errores relevantes. También es importante comprobar si el sistema atribuye correctamente las declaraciones y conserva los detalles esenciales de cada incidente. Establecer estos criterios antes de las pruebas ayuda a evitar que la evaluación se limite a destacar resultados favorables.
Un programa piloto permitiría probar la inteligencia artificial en condiciones reales antes de ampliar su utilización. Los evaluadores podrían contrastar los borradores con las grabaciones originales y otros registros fiables, diferenciando los errores de estilo de las alteraciones que cambien el significado de los hechos. También sería conveniente comprobar el funcionamiento en distintos tipos de incidentes y condiciones de audio. Los resultados deben documentarse para identificar limitaciones y determinar qué controles adicionales serían necesarios.
El análisis económico debe contemplar más que el precio inicial del contrato. Las licencias, la integración tecnológica, el almacenamiento, la formación, el mantenimiento y la auditoría pueden generar gastos adicionales. Si el sistema produce borradores rápidamente, pero requiere revisiones extensas, el ahorro real podría ser menor del esperado. En cambio, si las pruebas demuestran mejoras sostenidas sin deteriorar la precisión, la inversión podría resultar justificable. La decisión debe apoyarse en resultados verificables y en una comparación transparente entre costes y beneficios.
Por último, una implementación responsable requiere reglas claras sobre aprobación, conservación de borradores y protección de datos. La participación de expertos jurídicos, agentes y representantes comunitarios puede ayudar a detectar dificultades antes de ampliar el programa. También conviene comunicar los resultados de las evaluaciones y explicar cómo se investigarán los errores. Estas medidas no eliminan todos los riesgos, pero permiten adoptar decisiones mejor fundamentadas y ajustar los procedimientos a la evidencia disponible.
La evaluación de inteligencia artificial para redactar informes policiales en San Diego refleja el desafío de incorporar nuevas tecnologías sin comprometer las garantías del sistema de justicia. La propuesta busca conocer herramientas que puedan reducir la carga administrativa y mejorar la organización del trabajo policial. Sin embargo, la solicitud de información y la estimación de entre 500.000 y tres millones de dólares no equivalen a una contratación definitiva. Cualquier decisión debe considerar tanto los beneficios potenciales como las limitaciones documentadas.
La evidencia disponible no permite afirmar que todos los sistemas de inteligencia artificial sean ineficaces o que siempre produzcan informes menos precisos que los elaborados manualmente. Sí justifica exigir pruebas rigurosas, supervisión humana, transparencia y procedimientos que permitan rastrear los cambios realizados en cada documento. La legislación de California establece obligaciones para identificar el uso de estas herramientas, conservar los primeros borradores y mantener registros de auditoría. Estas medidas ofrecen una base para la rendición de cuentas, aunque no sustituyen la evaluación técnica ni la protección de los datos personales.
En última instancia, el valor de la inteligencia artificial en la policía dependerá de su capacidad para mejorar los procedimientos sin debilitar la fiabilidad de la información. La automatización solo será justificable si sus beneficios se demuestran y los funcionarios conservan la responsabilidad sobre los documentos oficiales. La precisión, la privacidad y la transparencia deben seguir siendo prioridades durante todo el proceso. Para las organizaciones interesadas en integrar tecnología de forma estratégica, ITD Consulting invita a conocer sus servicios de consultoría y soluciones tecnológicas. Para solicitar información y explorar opciones adaptadas a las necesidades de tu organización, puedes escribir a [email protected].
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